sábado, 24 de junio de 2017

Estado laico sí, pero no así


El viernes por la mañana unos (o un) estúpidos  o estúpidas, han intentado incendiar una capilla católica ubicada en la Universidad Autónoma. No se han salido con la suya -afortunadamente-, pero la intención era más que evidente. Se nota que estos anticlericales no dominan los cócteles molotov con la maestría que lo hacen los energúmenos de la MUD -o sus votantes-.

Madrid Laica ha condenado los hechos y han manifestado que "Desde nuestro convencimiento y práctica democrática en favor de un Estado laico, no consideramos que estos hechos supongan avance en positivo hacia la laicidad del Estado". Para esta asociación en pro de un Estado sin privilegios religiosos: "La laicidad del Estado es un principio consustancial de convivencia democrática, donde el derecho a la libertad de conciencia como principio básico que defendemos tiene su correspondencia en el respeto y garantía de la libertad religiosa, como una de sus manifestaciones, en su culto, difusión y su simbología, de acuerdo con la ley en los lugares adecuados". Nos sumamos a este manifiesto, condenamos el acto incendiario y añadimos que ya es hora de acabar con los privilegios de la Iglesia Católica. Privilegios que existen desde tiempos remotos y privilegios que el Régimen actual no tiene la más mínima intención de abolir.

Madrid Laica ha pedido que el marco de separación Iglesia-Estado que se reconoce en la Constitución "exige su materialización en la impostergable denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede", de los cuales, a su parecer, "se deriva la exigencia de una Universidad pública y laica como sede de la razón y el saber, libre de dogmas y simbologías de cualquier tipo".

El acto anticlerical del viernes contra la capilla universitaria no hace sino añadir victimismo a una entidad privada, que para nada sufre acoso de ningún tipo, ya que estos actos vandálicos no producen, -afortunadamente- daños físicos, los daños materiales son destacadamente irrelevantes y el número de estos ataques son estadísticamente infrecuentes. No por su escasa relevancia en el plano personal y material vamos a aplaudir y a consentir las estupideces anticlericales. Como bien quedó demostrado a lo largo de la historia, los brotes incendiarios contra las propiedades eclesiásticas han dado mucho juego y justificado hasta un Golpe de Estado y una posterior Guerra Civil.

Para comprender los privilegios que hoy en día goza la Iglesia Católica y a cuarenta años de las primera elecciones democráticas después de que Franco la espichara, rogamos visionen con atención el siguiente vídeo:
Los negocios y privilegios económicos de la Iglesia católica en España.


viernes, 23 de junio de 2017

La Gaceta: la mentira cotidiana

Noticia sobre la memoria histórica perteneciente a la web La Gaceta del Grupo Intereconomia, firmada por Juan E. Pflüger.


Existe un tópico, entre los defensores de la Ley de Memoria Histórica, según el cual España sería el segundo país del mundo con más fosas comunes del mundo, supuestamente solo sería superado por Camboya, donde el régimen criminal de Pol Pot asesinó a unos dos millones de personas. Sin embargo, la famosa lista según la cual en nuestro país habría 2.195 fosas de la represión franquista, cada vez queda más en evidencia por casos como el ocurrido en el municipio de Figuerola d’Orcau, en la provincia de Lérida.
 Allí se buscaba a víctimas de la represión franquista. Sin embargo se han encontrado 17 cuerpos “perfectamente alineados” y con los uniformes correspondientes. No son restos pertenecientes a la represión cometida en la retaguardia de ambos bandos durante la Guerra Civil. Son cuerpos de soldados que combatieron en la zona durante las ofensivas que tuvieron lugar en esa zona entre los meses de abril y mayo de 1938. Unos combates que arrojaron unos datos de mortandad de 11.000 soldados muertos pertenecientes al bando republicano y 3.500 del bando nacional. En este caso, la mayoría de los cuerpos pertenecen a las divisiones 63, 150 y 152 del Ejército Nacional.
Las víctimas de estos enfrentamientos eran enterrados en las zonas próximas al área de combate. Eso explica la mayoría de las fosas comunes señaladas en el controvertido mapa de fosas hecho público por el ministerio de Justicia. De esas 2.195 fosas, la mayoría pertenecen a miembros de los dos ejércitos muertos en los combates, aunque las asosciaciones memorialistas se empeñan en adjudicarlas a la supuesta represión franquista. La única explicación de que aparezca un número tan alto de fosas. El problema es que los denominados “memorialistas” siempre han empleado el cómputo total de fosas como si fueran obra del franquismo. Pero cada vez queda más clara su manipulación.
Como ya se viene denunciando desde diferentes medios de comunicación y por parte de investigadores, muchos de estos enterramientos han sido encontrados -y en algunos casos tapados- para que no llegase a la opinión pública que los republicanos cometieron una represión.

Esto es literalmente mentira. La verdad:



 QUICO SALLÉS, Barcelona
21/06/2017 14:00 | Actualizado a 21/06/2017 14:39
Diecisiete cuerpos. Enterrados en el escrupuloso protocolo que debían tener las bajas militares según el bando franquista. Pies al sur, cabeza al norte. Diecisiete historias aún por conocer. Según los arqueólogos es más que posible que todos fueran franquistas, sin descartar bajas del banda republicano enterradas después del combate.

La postal es tan macabra como clara: una fosa al exterior del cementerio de Figuerola d’Orcau. Un minúsculo municipio del Pallars Jussà que fue clave en el frente catalán de la Guerra Civil. Una tierra abrupta, barrancada, sin apenas llanos. Combates de noche. Duros. La memoria en el Pallars es reciente. La cicatriz todavía no está cerrada. El combate entre marzo del 38 hasta el 39 fue una carnicería.

Este miércoles, a plena luz del día, el conseller de Relacions Institucionals, Raül Romeva, ha presidido el acto de exhumación de los cuerpos. En un ritual institucional, el conseller ha inaugurado el plan bianual de Fosses del Govern para este 2017. La historia, a menudo caprichosa, ha querido que la tumba fuera de soldados, seguramente franquistas, con metralla, peines y cartucheras entre los huesos. “Esto demuestra que la memoria es de todos, de todos”, destacaba el conseller en conversación con La Vanguardia.

Ahora, queda el trabajo más arduo. Después que un equipo de arqueólogos acabe los trabajos de exhumación, los restos se analizarán genéticamente con las muestras de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. “Llevamos un retraso de 40 años, debemos hacer el trabajo”, ha asegurado Romeva que ha convertido el proyecto de recuperación de la memoria enterrada en casi una obsesión
, en una piedra angular de su gestión que incluso empieza a tener reconocimiento internacional. De hecho, esta tarde medios internacionales llegarán a Orcau para dar fe de la huella, aún reciente, del franquismo y de la Guerra Civil.

“Hoy hacemos un acto de democracia y de justícia, porqué no habrá ni justícia ni democracia si hay cuerpos enterrados en el anonimato”, ha insistido el conseller en su discurso. “Debemos ordenar la memoria, para tener una mirada de futuro fundamentada en los pilares de la democracia y la justícia”. “Es un acto de estados sanos”, ha concluido.

La exhumación de Figuerola d’Orcau sólo es el principio de un ambicioso plan que ya ha localizado 129 fosas nuevas en el mapa de las 503 registradas, de las cuales 235 están confirmadas y 268 son probables. Memoria todavía por desenterrar.
La primera exhumación de una fosa común en Cataluña de la Guerra Civil ha permitido descubrir este miércoles pasado los restos de 17 soldados caídos en la guerra española. La intervención promovida por la Generalitat catalana (denominada Pla de fosses 2017-2018) con el objetivo de recuperar la memoria de combatientes de ambos bandos se ha producido en el cementerio del municipio de Figuerola d’Orcau, en la provincia de Lérida.

No me voy a pronunciar de lo que me parece recuperar la memoria de "ambos combatientes", porque no quiero ni pensar que ocurriría en Alemania sí un Gobierno conservador dijera que quiere recuperar la memoria de ambos combatientes, es decir, de los combatientes demócratas y de los combatientes nazis o de los combatientes que luchaban a favor de Hitler. Muy bien eso de exhumar y dar un entierro digno a todos los restos, pero de ahí a tratarlos a todos iguales, pues como que no.

Cementerio Alemán de Cuacos de Yuste

En Cuacos de Yuste podemos encontrarnos con un cementerio Alemán y en Campillo de Llerena un cementerio Italiano que fue recuperado por el PRMHEx. Eso está bien, pero no debemos de olvidar que perseguían y a quién obedecían.

jueves, 22 de junio de 2017

Cuando Podemos no invita al medio de comunicación



Por Pascual Serrano para Público

Podemos ha celebrado un encuentro con periodistas en el que no ha invitado a algunos medios, concretamente a El País, la cadena Ser, El Periódico de Catalunya y los digitales El Independiente, Voz Pópuli y Ok diario.  La organización política defiende su decisión con el argumento de que no se trataba de una rueda de prensa que tiene que estar abierta a todos los medios, sino un encuentro privado con los que ellos consideraron (“desayuno en off”, rezaba la convocatoria).

La reacción no se ha hecho esperar, el comité de redacción de El País afirma que esa decisión es “incongruente con el derecho a la información, que cualquier partido político democrático debe defender”. Por su parte, la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) apela a que “el derecho a la información está protegido por el artículo 20 de la Constitución”.  Afirma en una nota de prensa que la decisión de Podemos “priva a los usuarios de dichos medios de un información de interés público”.

Pero centrémonos en ese “derecho a la información” que reivindican la APM y los medios no invitados. Lo primero que hay que recordar es que el poseedor del derecho no es ni el medio periodístico, ni el periodista, ni la empresa del medio, es el ciudadano. El que algunos medios no fueran invitados no quiere decir que a los ciudadanos se les haya impedido el derecho a la información, estaban convocados otros muchos medios, incluidas todas las agencias, las privadas y la pública, que difunden sus contenidos a todos los medios. Si llevamos el argumento del derecho a la información al extremo para argumentar que se le negó a los medios no invitados, en realidad se le negó a todos los españoles a los que no se nos convocó.

Puesto que todos los ciudadanos no pudimos -como es lógico- asistir a los encuentros de Podemos, si de lo que se trata es de reivindicar el derecho a la información establecido en la Constitución para todos los españoles (insisto en lo de todos), quien tiene la responsabilidad de garantizarlo serían los medios que van a los encuentros, ruedas de prensa o cualquier otra convocatoria para luego informarnos.  ¿Se preocupan por ese derecho a la información la APM o los diferentes medios de comunicación? ¿Alguien supervisa que la información que difunden los partidos -o cualquier otra fuente- sea trasladada adecuadamente por los medios a los ciudadanos para garantizar nuestro derecho a la información? La APM dice que la ausencia de esos medios en el encuentro de Podemos priva a sus usuarios de esa información. ¿Y cuando los medios no difunden los contenidos de las ruedas de prensa y notas de prensa, o simplemente no van? También entonces sus usuarios son privados de esa información. Por supuesto que no pueden informar de todo, pero reconozcamos que, según su selección, están privando de información a sus audiencias. ¿Por qué todos aceptamos que los medios seleccionen lo que debemos saber y las fuentes no puedan seleccionar a quién quieran convocar?

Algo similar sucede con las ruedas de prensa sin preguntas o las famosas convocatorias donde el convocante aparece en una pantalla de plasma. Está bien denunciarlo como hacen los medios, pero, una vez que ellos hubieran podido preguntar lo que considerasen, ¿cómo tenemos garantizado los ciudadanos que se ha preguntado con rigor y que, después, se nos informa adecuadamente?

Hace ocho años el senador del PNV Iñaki Ansagasti publicó el libro “Monarquía protegida por la censura” (Akal). Anasagasti tuvo que escribir ese libro para que nos enterásemos de sus intervenciones públicas o sus preguntas parlamentarias respecto a la corona, porque los medios siempre se las silenciaron. Seguro que este senador hubiera estado encantado de responder preguntas de la prensa y no usaría pantalla de plasma para exponer a los medios sus iniciativas sobre la monarquía. Sin embargo, los medios no informaron y la ciudadanía se quedó sin su “derecho a la información”. ¿Quién se lo negó? Unos medios que no cumplieron con su cometido.

Llevamos décadas concediendo el derecho a la información a las empresas privadas de comunicación y olvidando que se trata de un derecho de los ciudadanos. Si de lo que se trata es de reivindicarlo, lo urgente sería comprobar si nos lo están garantizando las empresas que se dedican a la información. Y probablemente no lo garantizan, porque las empresas no garantizan derechos, solo ofrecen productos y prestan servicios a quienes los pagan.